En España, la vivienda se ha convertido en uno de los problemas más complejos y debatidos, especialmente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. La creciente llegada de turistas ha llevado a una transformación del mercado inmobiliario, donde muchos propietarios prefieren alquilar a corto plazo en lugar de ofrecer vivienda para residentes locales. Esto ha provocado una escasez de viviendas disponibles para alquiler a largo plazo, elevando los precios y dificultando aún más el acceso a una vivienda asequible para los ciudadanos.
El alquiler social es una de las soluciones que se ha intentado implementar, pero enfrenta numerosos desafíos. La oferta de viviendas sociales es limitada, y los criterios para acceder a ellas son estrictos, lo que deja a muchas familias en una situación precaria.
Alquilar en España, en general, es un proceso complicado debido a las altas exigencias de los propietarios, que a menudo incluyen depósitos elevados, garantías adicionales y contratos a corto plazo. Esto, junto con la falta de regulación adecuada, ha llevado a un mercado donde los inquilinos están en desventaja, enfrentando condiciones de alquiler inestables y, en muchos casos, abusivas.
